Al prolongado e inexplicable incumplimiento de AVI Strategic Investment S.A.S. para la entrega de los apartamentos, los compradores del proyecto Josephina enfrentan una situación peor: el embargo del inmueble por parte del Banco de Bogotá.

Todo ello, en medio de maniobras que solamente afectan a los 45 compradores que cada vez más ven alejadas las posibilidades de contar con las viviendas, para las cuales pagaron millonarias sumas de dinero a la cuestionada constructora y la fiducia.

Para los afectados, lo grave del caso es que la entidad encargada de vigilar por el correcto uso de los recursos aportados, fue precisamente la que se prestó para el juego. Siendo filial del banco prestamista, no hizo la labor correspondiente y al final su banco matriz procedió a embargar el edificio para reclamar la deuda con ellos mismos, dejando a los compradores ‘en el aire’.

Para este proyecto, en principio fue suscrito un contrato de fiducia mercantil con Alianza Fiduciaria S.A., con el supuesto propósito de manejar los activos del proyecto Josephina, localizado en calle 68 No. 65-09, barrio Bellavista de Barranquilla.

En teoría, la fiduciaria estaba comprometida al buen uso de los dineros, pero no cumplió con sus funciones de rendición de cuentas y realizar diligentemente los actos relacionados con la fiducia, entre otros.

Tanto así que transcurrieron dos años de atraso para la entrega de los apartamentos sin que ni la fiducia ni AVI Strategic Investment S.A.S. hubiesen entregado información a los compradores sobre la viabilidad financiera del proyecto y reportes mensuales de avances de obras.

Cuando menos lo esperaban, la fiducia cambió de manos. El contrato fue cedido a Fiduciaria Bogotá S.A. (Fidubogotá), con novedades que fueron realizadas sin el consentimiento de los afectados.

En esta nueva fiducia los dineros pasarían a un Fondo de Inversión Colectiva, con lo cual también fue cambiada la figura de beneficiarios de área (compradores) a inversionistas.

En concepto de los afectados, Colombia es un país donde se violan todas las leyes y normas que constituyen los principios de organización ciudadana.

“Bajo este pensamiento, el poderoso sistema fiduciario esquilma al común de las personas que confían en el respaldo de las entidades llamadas a responder ante los eventuales incumplimientos por parte de las constructoras. Los clientes compran de buena fe, con el sudor de su frente, el área correspondiente a un proyecto de vivienda a cualquier constructora (cómo saber cuál es buena o mala), pero dicha negociación goza de la supuesta "garantía" de un encargo fiduciario, representado en una Fiducia de las que pululan en este país y a quien paga cuota a cuota el derecho a una vivienda digna. Pero qué ironía, que la entidad que debe proteger al ciudadano contra el mal manejo de constructoras inescrupulosas, termine convirtiéndose en una herramienta contra los mismos clientes. No tienen controles sobre quienes construyen, no hacen interventoría adecuada, se pliegan a los caprichos de las voraces empresas de construcción basados en amiguismos, todo en detrimento de los intereses de quienes confiamos en ellas. Y por si fuera poco, en caso de conflictos, no defienden como voceras que son del patrimonio autónomo. Quienes deben protegerlo, promoviendo acciones que den un feliz término al proyecto, se pervierten convirtiéndose en aliadas de estafadores”, aseguran.

En medio de la angustiosa espera para que les entregaran los apartamentos, los compradores fueron sorprendidos por la decisión del Juez Cuarto Civil del Circuito de Oralidad, Javier Velásquez, en el sentido de ordenar el embargo y secuestro del inmueble con la estructura del proyecto Josephina, dentro del proceso ejecutivo promovido por el Bando de Bogotá contra Fiduciaria Bogotá S.A. (filial del mismo banco), AVI Strategic Investment S.A.S. y Alberto José y Andrés Fernando Avilés Arteaga.

“La Fiduciaria se cruzó de brazos y el banco embargó el lote con la estructura para cobrarse los $3.500 millones más intereses del préstamo, con lo cual el proyecto termina enterrado”, manifestó indignado uno de los afectados.

Lo que llama la atención es la posición de la apoderada del Banco de Bogotá, Sonia Dumar Habib, frente a su propia fiduciaria.

“Para el Banco de Bogotá es ajena toda relación contractual entre la Fiduciaria Bogotá S.A. y los demandados, siendo Fidubogotá uno de los sujetos pasivos en este proceso. El banco firma los términos contractuales en señal de conocimiento. Los hechos en que se soportan la demanda es en el incumplimiento de un crédito hipotecario con el fin de iniciar, desarrollar y culminar un proyecto inmobiliario. El Banco puso en manos de los demandados todas las posibilidades para que el crédito se normalizara y el proyecto pudiese continuar hasta su finalización”, aseguró ante el Juez.

“A lo largo de la ejecución del proyecto y en todos los créditos que el Banbogotá otorga a constructores existe o que se llama el Control de Fuentes y Usos. Al hacerse este control, que consiste en verificar los recursos invertidos en el proyecto contra los recursos dados por el Banco sumados a los entregados por la Fiducia, estos últimos provenientes de los beneficiarios de área, se encontró que la suma invertida era muy inferior a los recursos recibidos de las dos entidades señaladas. A lo anterior se suma el hecho de que era conocido en el sector bancario y en el de la construcción la situación de manejos irregulares por parte de los demandados desde el punto técnico, financiero, administrativo y operativo. De allí el incumplimiento de los demandados frente a otras tres entidades bancarias como son BBVA, Bancolombia y Colpatria, y la que en este proceso demanda. Además del incumplimiento de los avances de obra también se dio el del pago de los intereses del crédito que aquí se cobra y de las demás obligaciones que tenían con el Banco de Bogotá”, argumentó.

Por el contrario, los compradores sostienen que la fiduciaria tiene también responsabilidad en este descalabro.

“Nosotros como clientes, compramos en un proyecto de A, B, C constructora sin saber que es buena, regular o mala -cómo saberlo- confiando en el sistema fiduciario, y pagando cuotas plazo a plazo. Pero, ¡vaya! Qué sorpresa se lleva uno cuando incumple el constructor, las fiducias se lavan las manos y todo nuestro dinero termina en las insaciables fauces del banco financiador y en los bolsillos de quien se proclama constructor que en realidad es estafador. Alianza Fiduciaria, Fidubogotá, demostraron hasta la saciedad su irresponsabilidad en su deber irrenunciable de proteger el patrimonio del ciudadano de a pie (ese que compra a crédito y en planos porque no tiene dinero para adquirir de contado); a ese ciudadano es a quien el Estado cómplice le despoja de sus ahorros aprovechándose de la confianza y la buena fe que deposita en el sistema financiero a través de las fiducias”, advierten.

Frente a esta situación decidieron interponer una acción de grupo, a través de la cual reclaman una indemnización por 3.798 millones 792 mil 659 pesos, de los cuales 2.1138 millones 149 mil 196 pesos por daño emergente y 1.660 millones 643 mil 463 pesos por perjuicio económico.

“Los propietarios y tenedores de unidades privadas contrajeron obligaciones bancarias, hipotecarias, que hoy están determinadas en un bien material no construido en su totalidad, por lo cual es inexistente ante la Ley, causando graves perjuicios en su patrimonio económico, vendiendo publicidad engañosa acerca de la viabilidad del proyecto, no se les ha brindado ningún tipo de respuesta acerca de la terminación de la construcción del proyecto o la devolución de los dineros”, sostiene la apoderada judicial de los afectados, Beatriz Vieira Ordóñez en la presentación de la acción.

Asegura que de haberse efectuado un oportuno ejercicio de los recursos financieros por parte de las entidades demandadas, las condiciones de afectación no se hubiesen generado para los afectados, “además que expidieron el respectivo permiso de ventas generando confianza a mis representados irrumpiendo que ellos invirtieran en un proyecto viable, terminando con sueños personales y familiares, afectando directamente el patrimonio económico de estos. Si esto hubiese tenido la debida precaución, no existiera el perjuicio que hoy aqueja a mis representados”.

Previamente, los accionantes recurrieron a los diferentes mecanismos constitucionales con el fin de llegar a acuerdos, pero ninguno de ellos fueron respondidos y durante el lapso transcurrido las estructuras avanzaron en su deterioro.

Ahora, con la acción de grupo, confían que no les sigan vulnerando sus derechos y que sean reparados los daños y perjuicios causados por las entidades demandadas.

Es de anotar que AVI Strategic Investment S.A.S., representada por Alberto José y Andrés Fernando Avilés Arteaga, registra otros 5 embargos así: 2 en el Juzgado 10 Civil Municipal Oral de Barranquilla; 1 en el Juzgado 21 civil Municipal de Oralidad de Barranquilla; 1 en el Juzgado 30 Civil Municipal de Barranquilla y 1 en el Juzgado 22 Civil Municipal de Barranquilla.

Además de Josephina, la constructora AVI Strategic Investment S.A.S.,también le ha incumplido a por lo menos 600 familias compradoras de los proyectos Sankara Palms Club House, Gioco Kids Club House, Torres del Cielo Sport Club y Moltobello.

“Hoy somos más de 600 familias, mañana pueden ser muchas más. La lucha de hoy servirá para que mañana otros no confíen en un sistema que acolita y protege al poder en todas sus facetas. Miles de millones de más de 600 familias están en manos de vividores que se mueven en vehículos de alta gama y gozan del sudor de los tontos de abajo. Los actores de este drama se ríen, porque saben que lograron estafarnos y no hay justicia ni control de sus actuaciones. Gozan de completa impunidad. Ellos sí saben vivir del trabajo de otros ilusos que no tienen la mínima posibilidad de lograr justicia”, dijo indignado otro de los estafados.

Por todo ello solo reclaman justicia y reparación.